Gobernador de Córdoba condiciona respaldo a diálogos de paz con el Clan del Golfo
El gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, confirmó este jueves su respaldo a las conversaciones de paz con el grupo armado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), identificado también como Clan del Golfo. No obstante, el funcionario aclaró que este apoyo queda sujeto a que el proceso no conlleve impunidad ni favorezca la expansión de la organización delictiva.
«Siempre respaldaré la paz, pero no una paz que genere impunidad, no una paz que permita que grupos ilegales que continúan assassinando a nuestros ciudadanos, secuestrando a nuestra fuerza pública y causando muerte a diario sigan operando», sostuvo elmandatario departamental.
Zuleta Bechara insistió en que el principal riesgo del proceso radica en que se repliquen experiencias anteriores que, a su juicio, no lograron transformar los territorios ni garantizar reparación a las víctimas.
Como antecedentes adversos, el gobernador mencionó los acuerdos alcanzados en Ralito y en la vereda Gallo, ubicada en el municipio de Tierralta, sitios donde se concentraron integrantes de las AUC durante las negociaciones con el gobierno del presidente Álvaro Uribe entre 2003 y 2006. Según señaló, dos décadas después de estos acuerdos no se evidencia una transformación territorial significativa en la región.
Asimismo, hizo referencia al proceso de paz con el EPL en la década de los noventa y a las huellas que el conflicto armado dejó en su historia familiar. En su intervención, trazó una distinción que consideró clave: «No se trata aquí de si los grupos son de izquierda o de derecha, sino de lo que han provocado en Córdoba, en la región Caribe y en todo el país».
El governor también respaldó la postura de la Fiscalía General de la Nación, que se abstuvo de ordenar la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del EGC hasta verificar que se cumplan efectivamente las condiciones pactadas. Para Zuleta, el primer paso que debe dar el grupo armado es dejar de cobrar extorsiones, práctica que, según advirtió, afecta a agricultores, comerciantes y pequeños empresarios en el departamento.
El proceso de diálogo con el EGC tiene programado su inicio formal para el próximo 25 de junio en Tierralta, donde se calcula que más de 400 combatientes ingresarán a una Zona de Ubicación Temporal. El mandato del gobernador Zuleta se extiende hasta 2027, período durante el cual deberá gestionar las consecuencias territoriales del proceso sin importar quién ocupe la presidencia de la República a partir de agosto.