Fiscalía investiga presunta red de corrupción en el manejo de residuos sólidos en Boyacá
La Fiscalía General de la Nación develó un esquema de presunta corrupción que habría usado asociaciones de recicladores y empresas fantasmas para desviar recursos públicos destinados a la gestión de residuos sólidos en varias ciudades colombianas.
Según la investigación, conocida como el caso del «cártel del reciclaje», los responsables habrían implementado un sistema basado en facturación simulada, creación de compañías de papel y actividades de aprovechamiento de residuos que, según el expediente judicial, nunca se ejecutaron.
Las maniobras ilegales se habrían concentrado inicialmente en Duitama, Sogamoso y Tunja, todas en el departamento de Boyacá. Las autoridades estiman que se desviaron más de 6.800 millones de pesos mediante cobros irregulares tramitados ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
De acuerdo con los investigadores, las organizaciones involucradas reportaban rutas de reciclaje y estaciones de clasificación que en realidad no existían para justificar pagos relacionados con servicios ambientales. Los soportes documentales incluían registros falsificados de operaciones sin respaldo real.
Uno de los hallazgos más destacados fue el aprovechamiento de personas en situación de vulnerabilidad como supuestos representantes legales de las empresas fachada. Entre ellas se encontraron habitantes de calle y mujeres registradas en pobreza extrema, quienes figuraban vinculadas a movimientos financieros que no concordaban con su situación económica.
En el proceso aparecen mencionadas las empresas Ecovisionarios y Reciplanet, señaladas como estructuras para dar apariencia de legalidad a las operaciones fraudulentas. Las verificaciones realizadas por los investigadores також evidenciaron inconsistencias en bodegas y centros de acopio registrados oficialmente: varios predios permanecían cerrados, no había actividad de reciclaje y las dimensiones no cumplían los requisitos normativos.
Testimonios recopilados por agentes del CTI indican que algunos supuestos socios desconocían que sus nombres aparecían en documentos empresariales y trámites administrativos. La Fiscalía confirmó la captura de cinco personas vinculadas al esquema, entre ellas representantes legales y responsables de la emisión de facturas falsas.
El proceso judicial incluye cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, falsedad documental y manipulación de elementos materiales probatorios. Las pesquisas continúan para establecer si funcionarios públicos participaron o facilitaron la aprobación de pagos vinculados a estas operaciones.