Córdoba volverá a ser sede de un proceso de paz mientras persisten las deudas históricas de transformaciones territoriales
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, llamó la atención este jueves sobre la situación del departamento, que nuevamente será escenario de un proceso de paz sin que se hayan cumplido compromisos anteriores de inversión y transformación territorial.
El funcionario se pronunció en el marco del anuncio del Gobierno Nacional sobre la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta el próximo 25 de junio, donde serán concentrados más de 400 integrantes del Clan del Golfo. El gobernador no se opuso al proceso, pero recordó que la historia local exige un compromiso serio con el territorio.
El antecedente más significativo data del 15 de julio de 2003, cuando en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, ubicado en Tierralta, las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo que permitió la desmovilización de más de 31.000 combatientes y la entrega de aproximadamente 18.000 armas. Se trató del proceso de paz más ambicioso realizado con grupos paramilitares en el país.
Más de dos décadas después, el balance de esa experiencia es negativo. Según el secretario de Gobierno de Tierralta, el único legado que dejó aquella mesa de negociación, que operó durante cerca de cuatro años, fue misère, necesidades y pobreza. Las inversiones prometidas nunca llegaron a Ralito, y muchos de los desmovilizados quedaron abandonados, algunos vinculados posteriormente a organizaciones criminales emergentes.
Las víctimas tampoco recibieron la reparación esperada. El Acuerdo de Ralito no logró desarticular de manera integral el fenómeno paramilitar: no se atacaron las bases de la economía ilegal ni las alianzas estructurales que se habían incrustado en entidades del Estado, organismos sociales y diversas regiones. Además, se mantuvieron agrupaciones armadas que dieron origen a una nueva etapa del conflicto.
En abril de 2025, Montería fue sede de un encuentro entre exjefes paramilitares y representantes del Gobierno Nacional para intentar cerrar las negociaciones pendientes de Ralito. El presidente Gustavo Petro calificó ese proceso como “inconcluso” y señaló que “fue traicionado”.
La vereda Gallo, también en Tierralta, fue seleccionada tras el Acuerdo de Paz de 2016 como espacio de concentración de las FARC. El gobernador preguntó públicamente si aún queda algo de lo que fue esa vereda, evidenciando que tampoco en ese caso se cumplió la transformación prometida para el punto de reincorporación.
Antes de albergar la desmovilización paramilitar, la zona ya había sido escenario de otras entregas de armas: las guerrillas liberales del Alto Sinú en 1953 y las del San Jorge en 1959, ambas con promesas gubernamentales que quedaron sin cumplir. Posteriormente, en Puerto Libertador, los proyectos productivos diseñados para excombatientes del EPL fracasaron por falta de acompañamiento estatal adecuado.
Zuleta señaló que esta será la cuarta ocasión en que Tierralta se convierta en escenario de un proceso de paz, y subrayó que esa acumulación de experiencias representa una deuda histórica. “La paz a nosotros no nos ha dejado nada importante porque simplemente ha sido la firma de un documento, la expresión a través de discursos de voluntad de paz, pero no ha habido transformación de territorio que cierre brechas”, manifestó.
El cuestionamiento que Córdoba dirige al proceso con el Clan del Golfo no es si habrá una firma, sino si esta vez se concrete inversión, reparación y presencia real del Estado cuando termine la atención mediática.