El Gobierno de Gustavo Petro excluye a extraditables de las Zonas de Ubicación Temporal
El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido que los miembros de grupos armados que tienen órdenes de extradición pendientes no podrán acceder, por el momento, a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) establecidas en el marco de la estrategia de “paz total”. Esta medida afecta a varios líderes criminales, entre ellos alias “Chiquito Malo”, quien es el máximo líder del Clan del Golfo, señalado por Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.
Además de “Chiquito Malo”, en la lista se encuentran Giovanni Rojas, alias “Araña”, jefe de Comandos de Frontera; Andrés Allende, de la disidencia de Walter Mendoza; alias “John Mechas”, del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF); Oliverio Pai, conocido como “Chuky”, de Comuneros del Sur; y Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias “Fercho”, también integrante de dicha estructura armada.
La decisión fue anunciada tras una reunión entre el presidente Petro, el comisionado de paz Otty Patiño y los jefes negociadores de varios procesos con grupos armados ilegales. Según el Gobierno, las primeras cinco ZUT estarán operativas entre junio y diciembre de 2026 en regiones de Norte de Santander, Nariño, Córdoba y Putumayo, donde se espera que se concentren miembros del Clan del Golfo, Comuneros del Sur y disidencias de las FARC que están en diálogo con el Ejecutivo.
Uno de los casos más destacados es el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura y extradición de alias “Otoniel” en 2022. Estados Unidos solicitó su extradición en 2018 por cargos relacionados con el narcotráfico, y en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia aprobó su entrega, aunque la decisión final depende del presidente Petro.
La exclusión de los extraditables se produce en un contexto de tensiones entre la Oficina del Comisionado de Paz y la Fiscalía General. La fiscal Luz Adriana Camargo ha manifestado su oposición a suspender las órdenes de captura contra varios miembros del Clan del Golfo, argumentando que aún no hay suficientes garantías jurídicas ni claridad sobre los acuerdos que el Gobierno busca establecer con estas organizaciones armadas.